RECHAZO A DICTAMEN

Gremio medico rechaza dictamen aprobado, el cual empobrecería mas el sistema de salud actual Proyecto de Ley beneficia a asegurados privadas y staff de abogados.

Esta aprobación se convierte en una burla hacia los pacientes, ya que el Ejecutivo se ha olvidado de su responsabilidad con la Salud FMP

12 Dic..- Con el pretexto de informar a la población de los derechos y obligaciones de las personas usuarias a los servicios de salud, se intenta implementar una modalidad de Seguro Obligatorio a todos los profesionales de la salud, vulnerando sus derechos fundamentales y responsabilizá ndolos de las consecuencias y de los eventos adversos que ocurriese en cualquier establecimiento del sector, eximiendo de dicha responsabilidad al Estado que como todos saben mantienen en deplorable condiciones a mas de 7,000 instituciones prestadoras de salud. La aprobación de estos proyectos de ley se convierten en una afrenta a los profesionales de dicho sector; que diariamente sufren las carencias y deficiencias de los centros laborales donde ejercen su profesión, con infraestructuras colapsadas, sin medicamentos y sin una logística necesaria para su mejor desempeño, los cuales además se verán trasgredidos en sus derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, como es el tener un debido proceso, de defensa, entre otros.

UNA MÁS DEL GOBIERNO ACTUAL

A los muchos maltratos y vejaciones sufridos por el gremio médico en lo que va del actual régimen, hoy se viene a sumar un nuevo atropello, no sólo en contra de los derechos de los profesionales de la salud sino en contra de su dignidad como trabajadores, al haberse aprobado en sesión plenaria del congreso un dictamen que busca a todas luces implementar de manera disfrazada el cuestionado "SOAT médico", quedando listo para su promulgación y "reglamentació n" por el presidente de la república.

MÁS MEDIDAS POPULISTAS Y BURLAS A NUESTROS PACIENTES

Asimismo, la FMP siente un profundo malestar por las falsas expectativas que crearían en los pacientes, al manifestar que serán resarcidos inmediatamente; luego de haber sido victimas de una supuesta "mala praxis", lo cual es totalmente falso; por cuanto, no se especifica la modalidad de reintegro hacia los pacientes, ni quien y como administrarán dichos fondos, teniendo que obligatoriamente recurrir a la vía judicial para determinar si hubo o no delito y peor aun, si habiéndose efectuado un reembolso a los pacientes supuestamente afectado y por vía judicial se determina que el profesional no tuvo responsabilidad alguna, el mismo tendrá que iniciar una demanda al propio paciente por verse afectado en su honorabilidad y devolución de dinero ya desembolsados

ELUDIENDO RESPONSABILIDADES

"A través de dicha norma, disfrazado de "iniciativa ciudadana" -asevera el doctor Julio Vargas La Fuente, presidente de la Federación Médica Peruana- el estado pretende eludir su responsabilidad con la inmensa mayoría de peruanos que carecen de acceso a los más elementales servicios de salud, donde mas del 30% de peruanos no accede a ellas. Así, cuando un paciente sea vea afectado -como lo son en la mayor parte de los casos actualmente - a causa del pobrísimo equipamiento y de la aun más precaria infraestructura (que data incluso de la época de la colonia), así como del nulo acceso a tratamiento medicamentoso; entonces, conforme pretende el gobierno responsabilizará de manera maquiavélica a los profesionales de salud". "Así -añade- tan ominosa iniciativa legislativa, no hace sino transgredir los más elementales principios democráticos, toda vez que los proyectos de ley de dicha norma fueron aprobados en forma arbitraria y por muy escasa mayoría en la Comisión de Salud (cinco votos a favor del total de 14 miembros de la Comisión) y sin siquiera consultársenos a fin de plantear nuestras observaciones públicamente -como gremio médico- tal cual nos corresponde en nuestro rol de ejecutores de las normas vinculadas al sector, aprobadas por el parlamento".

El Presidente de la FMP, Dr. Julio Vargas manifestó que el Estado se ha olvidado de su responsabilidad social con los conciudadanos y trata de enmascarar nuestra realidad sanitaria, al brindar un exiguo presupuesto al sector salud que no permite la refacción - repotenciació n de los servicios de salud y la dotación de insumos mínimos necesarios, ni la capacitación de sus RRHH, para una adecuada atención, pretendiendo responsabilizar a los profesionales de la salud de las consecuencias del mismo, tratando destruir la relación medico paciente que es fuente fundamental para la recuperación y tratamiento en la salud publica, detalló visiblemente indignado.

NORMA PERJUDICARÁ AL PACIENTE De otro lado no hay que extrañarse que al promulgarse la ley y con fines visiblemente políticos se induce a los pacientes a hacer un número excesivo de denuncias por una supuesta mala práctica médica; en contraposició n a ello, los profesionales de la salud se verán obligados a acceder a seguros privados y staff de abogados para protegerse de la avalancha de denuncias que vendrían de sus propios pacientes, así como, solicitar una serie de exámenes auxiliares para dar certeza el diagnostico clínico, afectando aun mas los bolsillos de nuestros pacientes que tendrían que solventar todo ello.

UNA LEY INNECESARIA

"Como es de conocimiento -finaliza Vargas La Fuente- los aspectos a que hace referencia el mencionado proyecto son contemplados en la Ley General de Salud como también en Convenios Internacionales, normas que estipulan la entrega y manejo de las Historias Clínicas y del derecho de nuestros pacientes al consentimiento informado, lo cual se ha venido aplicando en la gran mayoría de establecimientos de salud y en horarios establecidos y que de acuerdo a la Ley del MINSA, cuentan con Oficinas de Calidad, Transparencia y Control para el cumplimiento y ejecución de las normas enunciadas". "Nosotros hemos solicitado a los señores congresistas que se sirvan retirar dicha iniciativa legislativa a fin de iniciar un diálogo constructivo con las entidades sociales y gremiales con el objeto de lograr la reconciliació n entre los peruanos que necesitan de todos nuestros esfuerzos para la construcción de un Sistema Nacional Único de Salud, que garantice la protección integral de nuestros pacientes y el acceso gratuito a los servicios de salud, así como el resarcimiento de eventos adversos que pudiera ocurrir, de ser demostrado como un acto de "mala praxis", sea sancionado debidamente ante el órgano jurisdiccional y constitucional encargado de impartir justicia". Cabe mencionar que existen instituciones constitucionales creadas para tales fines, como son la Defensoria del Pueblo, INDECOPI, la Defensoria de la Salud del MINSA, los cuales tienen la facultad constitucional y normativa para realizar las debidas denuncias e investigaciones en los establecimientos de salud sin restricción alguna ante quejas presentadas, supervisando estrictamente el cumplimiento de los deberes de la administració n y prestación de los servicios públicos.

PARA MAYOR INFORMACION:

Dr. Julio Vargas La Fuente Presidente FMP Cel. 9905-3566 / 993589123