miércoles, 2 de abril de 2008

RECHAZO A LA APROBACION DEL SOAT MEDICO

FMP RECHAZA APROBACIÓN DEL SOAT MÉDICO

  1. NO al SOAT Medico encubierto.
  2. Proyecto beneficiará deü todas maneras a aseguradoras privadas y constituye un abuso contra los pacientes y el personal de salud ante sus reclamos La FMP , iniciará las accionesü necesarias a fin de no permitir la aprobación de normas abusivas contra los profesionales de la salud y de burla a los pacientes de salud.


FMP 24 de Marzo.- La Federación Medica Peruana manifiesta su rotundo rechazo a la aprobación autoritaria, (Proyecto de Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y Proyecto de ley que establece el Fondo de riesgo en los Servicios de Salud), por los congresistas de las Republica representantes de la comisión de Salud que en escasa mayoría (5 votos a favor de un total de 14 miembros plenos y 6 accesitarios, los cuales pretenderían pasar al pleno.Con el so pretexto de informar a la población de los derechos y obligaciones de las personas usuarias a los servicios de salud, se intenta implementar una modalidad de Seguro Obligatorio a todos los profesionales de la salud, vulnerando sus derechos fundamentales y responsabilizándolos de las consecuencias y de los eventos adversos que ocurriese en cualquier establecimiento del sector, eximiendo de dicha responsabilidad al Estado que como todos saben mantienen en deplorable condiciones a mas de 7,000 instituciones prestadoras de salud.La aprobación de estos proyectos de ley se convierten en una afrenta a los profesionales de dicho sector; que diariamente sufren las carencias y deficiencias de los centros laborales donde ejercen su profesión, con infraestructuras colapsadas, sin medicamentos y sin una logística necesaria para su mejor desempeño.

SITUACION DE SALUD Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
El estado se olvida de la responsabilidad social con los conciudadanos, brindando un exiguo presupuesto, siendo este, en promedio de 4.1 % del PBI, comparable solo con países del África Sub-sahariana, Haití, Bolivia, Ecuador entre otros, lo cual no permite el adecuado repotencionamiento de los establecimientos de salud.
Las medidas preventivas que pudieran evitar los incidentes del acto médico con lamentables consecuencias en los pacientes, radican específicamente en el descuido que ha sido objeto el sector salud. El escaso presupuesto que brinda el Estado no garantiza las adecuadas condiciones laborales, los material quirúrgico, los equipos médico in-operativos y obsoletos, la escasa dotación de medicamentos; evidencia de alguna manera la necesidad de crear un Sistema Único de Salud.Una de las principales causas y evidencias que se presenta ante la ciudadanía es la forma en que se desempeñan los galenos en los diferentes nosocomios de Lima y del Perú en general, la mayoría de las instituciones de Salud son una bomba de tiempo que en cualquier momento colapsaría, por que ninguna de ellas cuentan con la infraestructura o con el equipamiento necesario que toda institución de salud requiere; el solo hecho de darle una mirada a dichos establecimiento da cuenta la situación en la que se labora.

Si observamos a los hospitales de mayor afluencia en Lima y Callao como son, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con 458 Años, Hospital Nacional Dos De Mayo con 469 Años, Hospital San Bartolomé, 359 Años, Instituto Materno Perinatal con 181 Años, Instituto De Salud Del Niño con 78 Años, Hospital Daniel A. Carrión, con 65 Años, Hospital Hipólito Unanue, con 64 Años, y ni que hablar de los hospitales del interior del país que han sido declarados patrimonios de la humanidad por la antigüedad de sus estructuras veremos en que condiciones estamos. Todo ello debe ser encarado con principal interés por parte del Estado y sus funcionarios, no tratando de implementar medidas demagógicas como el Seguro Medico Obligatorio, en el absurdo afán de desprestigiar a los profesionales de la salud se debería iniciar un dialogo productivo que permita formular las mejores propuestas para la salud en nuestro país, según lo confiere el Art. 7° de la Ley General de Salud.


MÁS MEDIDAS POPULISTAS Y BURLAS A NUESTROS PACIENTES
Asimismo, la FMP siente un profundo malestar por las falsas expectativas que crearían en los pacientes, al manifestar que serán resarcidos inmediatamente; luego de haber sido victimas de una supuesta "mala praxis", lo cual es totalmente falso; por cuanto, de dicho fondo solo se brindará una ayuda solidaria que no tendrá carácter indemnizatorio, pudiendo como ya esta establecido, recurrir a la vía judicial para determinar si hubo o no delito. No precisa quien determinará los montos de dicha ayuda; mostrando asimismo, una total irresponsabilidad al manifestar que el mismo estará solventado con Fondos del Estado acorde con el numero de profesionales, no profesionales u otros trabajadores, según la especialidad y la categorización de los centros laborales. Estos fondo provendría, de donaciones y otras contribuciones no reembolsables de los gobiernos, organismos internacionales, fundaciones de la Cooperación Técnica Internacional y otros créditos que reciba del Tesoro Publico, ingresos financieros que genere el Fondo por la Administración de sus propios recursos, aportes voluntarios de los Colegios Profesionales de Salud y finalmente por el 30% de los ingresos por la venta de formatos de certificados médicos, sin definir los montos que destinarán cada uno de los aportantes; peor aún literalmente confiscando dinero de la venta de certificados médicos y contando con aportes de los Colegios Profesionales que por ley son autónomos y cuyos fondos tienen propósitos específicos según lo disponen las normas que rigen internamente a dichos Colegios.
Debemos remarcar que al ser la Superintendencia de Bancas y Seguros del Perú la encargada de supervisar dichos fondos, estaríamos necesariamente ante la inminente creación de aseguradoras de salud, que no podrán ser supervisadas ni auditadas debidamente, tal como ocurre en otras experiencias.

INTERROGANTES QUE HASTA AHORA EL GOBIERNO NO RESPONDE
1. ¿Quien supervisará que dichos fondos no sean utilizados en otros conceptos, como por ejemplo en campañas políticas?
2. ¿Qué fue por ejemplo del FISSAL, ¿cuanto dinero recibe de fondos extranjeros?¿A quien rinde cuentas?
3. ¿Si luego de haber desembolsado un monto determinado, el Poder Judicial exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, tendremos que iniciar igualmente una demanda contra nuestros pacientes?,
4. ¿Quien sanciona al primer negligente sanitario: El Estado Peruano y sus funcionarios? ¿El Estado dispone y brinda el presupuesto, para la capacitación de los recursos humanos, infraestructura, equipamiento, como lo determina la ley para evitar las situaciones adversas en el acto medico?
5. ¿Cuanto presupuesto del Estado será otorgado para dicho fondo y cuanto será para el repotenciamiento de los servicios de salud? ¿Si vemos que el Estado adeuda a las instituciones de salud por diversos rubros, (Seguro Integral de Salud, entre otros), desfinanciando a las mismas se ven obligados a utilizar otras modalidades presupuestarias (RDR -dinero del paciente), ¿quien será el mas perjudicado, si el gobierno no cumple con sus propias instituciones de salud?
6. ¿Supuesto se aprobaría este mal denominado "SOAT Médico" que o quien garantizaría el inmediato cobro de indemnizaciones y el monto de los mismos?
7. ¿Cómo se evitaría el proceso de engorrosos y prolongados trámites legales en los que se verá inmerso el paciente, para comprobar si fue victima de una negligencia?
8. ¿Quién o quienes serian los encargados de opinar técnicamente para demostrar la existencia o ausencia del daño?
9. ¿Quién o quienes en última instancia decidirían el tipo de sanción y la procedencia o no de las indemnizaciones?
10. ¿Cuántos abogados, personal administrativo y demás, tendrán que contratar las instituciones del estado para defender las demandas que inicien los pacientes y cuanto irrogaría al fisco nacional?
11. ¿Los miembros del Comité podrán fehacientemente demostrar las causas que determinaron dicha "mala praxis" o serán necesariamente peritos especialistas en el tema?
12. ¿En 48 horas se podrá determinar la responsabilidad o no de lo imputado?
13. ¿Y que paso con el debido proceso, legalidad, legitima defensa, presunción de inocencia, que la Constitución y las leyes amparan?


La implementación de esta clase de seguros solo ocasionaría:
1. Un vertiginoso aumento de demandas judiciales.
2. Un aumento de precios de las pólizas de seguros, por especialidad, por grado de riesgo del profesional de la salud y por región.
3. Una ostensible exageración en brindar calidad de atención, por cuanto los profesionales y no profesionales de la salud tendrían que garantizar la atención de salud con análisis y diagnósticos adicionales para no estar propenso a esta clase de demandas y los costos que así se generan serán pagados por los propios pacientes

La respuestas son evidentes, se propiciaría la medicina defensiva donde el profesional de la salud, no solo definiría la causa en el deterioro de la salud del paciente mediante el examen clínico y al acto medico, sino que además, tendría que solicitar una serie de análisis y exámenes auxiliares para no ser pasibles de denuncias y los costos de los mismos serán asumidos únicamente por los bolsillos del poblador usuario de dichos servicios, deteriorando la relación médico – paciente que es la piedra angular de la práctica médica.
UNA MÁS DEL GOBIERNO ACTUAL
La pertinaz obsesión del Ejecutivo en implementar esta clase de seguro obligatorio, que sería el único país de Latinoamérica en implementarlo, vulnera una serie de derechos constitucionales e Internacionales, como el debido proceso, legalidad, la legitima defensa, entre otros, así como las leyes que norman el accionar de los profesionales de la salud.
Cabe mencionar que existen instituciones constitucionales creadas para tales fines, como son la Defensoria del Pueblo, INDECOPI, la Defensoria de la Salud del MINSA, los cuales tienen la facultad constitucional y normativa para realizar las debidas denuncias e investigaciones en los establecimientos de salud sin restricción alguna ante quejas presentadas, supervisando estrictamente el cumplimiento de los deberes de la administración y prestación de los servicios públicos. La FMP denuncia por ello, con absoluta convicción que los dictámenes aprobados en la Comisión de Salud del Congreso de la Republica , ahora apoyados por el Ejecutivo, carecen de todo argumento legal y revela la falta de conocimientos sobre temas de salud tratando solamente de enmascarar la caótica situación en la que esta sumida el sector. Dichos dictámenes están visiblemente en contra de la población usuaria de los servicios de salud, beneficiando de esta manera a las grandes aseguradoras que verían con sumo interés esta clase de seguros; mientras que los problemas reales de salud siguen incrementándose, ocasionando entre otros, la inaccesibilidad de mas del 25% de la población de extrema pobreza y de pobreza a los servicios del sector.En consecuencia, la FMP y las instituciones ligadas a la salud manifiestan su total rechazo a esta nueva pretensión del gobierno actual de pretender implementar el Seguro Medico Obligatorio, hoy llamado Fondo de Riesgo en los Servicios de Salud.
De esta manera invocamos al representantes del Estado y autoridades del sector a dedicar todo tipo de esfuerzos a la construcción del Sistema Nacional Único de Salud, que garantice la protección integral de los pacientes y el acceso gratuito a los servicios de salud, así como el resarcimiento de eventos adversos y si este fuera demostrado como un acto de "mala praxis", deberá ser sancionado debidamente ante el órgano jurisdiccional y constitucional encargado de impartir justicia.
PARA MAYOR INFORMACION:
Dr. Julio Vargas La FuentePresidente FMPCel. 9905-3566Telef. 265-2890470-5036Flora Isabel Haro Wilson9358-91659687728289945586

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