INCOMPETENCIA MINISTERIAL

Aviso publicado en los Diarios “El Comercio” (Página a 22) y
“La Primera” (Página 19) el día domingo 30 de Marzo del 2008.

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ - CONSEJO NACIONAL
BASTA DE IMPROVISACION E INCOMPETENCIA MINISTERIAL
Y DE AGRAVIOS A LA PROFESION MEDICA.

Frente a las reiteradas muestras de hostigamiento y agravio del Ministro de Salud contra la profesión médica, el Colegio Médico del Perú se dirige a la opinión pública para manifestarle lo siguiente:

1. El Ministerio de Salud suscribió el 19 de marzo del 2008 un Convenio con la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, para que 35 mil gobernadores y tenientes gobernadores (todos políticos, integrantes del partido de gobierno) realicen funciones de Defensores de la Salud. Las Defensorías de la Salud existen hace años en el MINSA y ESSALUD y su aporte ha sido escaso para la mejora de la calidad de atención y la prevención de efectos adversos, porque son juez y parte a la vez y lo que siempre tratan es de eludir la responsabilidad institucional. Las Defensorías de la Salud también existen en la Defensoría del Pueblo, las mismas que emiten Informes Anuales, que son de conocimiento del Gobierno, el mismo que ha sido y es negligente para asumir las medidas correctivas correspondientes. Disponer de miles de Defensores de la Salud adicionales, es una medida corporativista que no busca mejorar la atención, porque igualmente serán juez y parte del Gobierno. Esta medida busca enfrentar a la población con los profesionales de salud, a los que el Gobierno pretende someter con un régimen policíaco de vigilancia, por el sólo hecho de constituir organizaciones profesionales que defienden sus derechos y el derecho ala salud de la población.

El CMP demanda al Gobierno dejar sin efecto el Convenio suscrito entre el MINSA y el Ministerio del Interior y por el contrario se impulse la Campaña Nacional por la Calidad de Atención y la Seguridad del Paciente.

2. Igualmente el MINSA el 19 de marzo aprobó una escala de multas y sanciones para profesionales médicos, cirujanos-dentistas y obstétricas que no prescriban explícitamente con la Denominación Común Internacional (DCI). Las multas equivaldrían a tres mil 450 sotes y seis mil 900 soles. La medida tomada por el MINSA no tiene en cuenta que el primer responsable de esta situación es el Gobierno, quién luego de 11 años aún no reglamenta la Ley General de Salud donde se establece claramente este procedimiento. Tampoco tiene en cuenta la aguda escasez de medicamentos, precisamente genéricos, en todos los establecimientos del MINSA (incluida DIGEMID). la ausencia de control de calidad que garantice a la población medicamentos eficaces y seguros, y que casi el 80 % de medicamentos en nuestro país se comercializa sin receta médica, agudizando el problema del uso irracional. Además no se explica cómo, con los niveles salariales actuales de los médicos se podrían pagar las multas establecidas.

Exigimos al Gobierno se debata plural y participativamente una Política Nacional de Medicamentos; que se implementen procesos de difusión y capacitación a profesionales de salud para la prescripción adecuada de medicamentos en DCI y opcionalmente en el medicamento de marca de su elección. Rechazar las multas a profesionales de salud por ser medidas punitivas, efectistas e intrascendentes para un acceso efectivo y universal a tos medicamentos oportunos y de calidad.

3. Hace algunos días se montó un show mediático que pretendió denigrar a la profesión médica mostrando imágenes de un médico durmiendo durante su turno de guardia. Esto no hace sino ratificar la total ignorancia del Ministro respecto al funcionamiento de los servicios de salud, ya que durante las guardias se establecen períodos de reposo mientras no existan pacientes que atender. En el supuesto negado de haberse cometido una falta, ésta debió procesarse por los canales administrativos correspondientes y no de la manera como se ha realizado, y menos con generalizaciones irresponsables que agravian a la profesión médica.

4. Todos estos hechos lo que buscan es eludir la responsabilidad y los compromisos asumidos por el Ministro de Salud con el Colegio Médico del Perú y la Federación Médica Peruana, respecto de los problemas trascendentes para la salud del país como son la organización de un sistema nacional de salud, el aseguramiento universal, el financiamiento del sector, el desarrollo de recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento, el acceso universal a medicamentos, entre otros.

5. En vista de los hechos reseñados, la incompetencia y la mala fe del Ministro de Salud, el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú en su última sesión ha acordado, por unanimidad, expresar un voto de extrañeza y declarar persona no grata al Sr. Hernán Garrido Lecca; y demandar al Presidente de la República atender la agenda sanitaria presentada por el CMP y que se ponga fin a este campaña de agravios a la profesión médica.

6. Hacemos un llamado a todos los integrantes de la orden, a las organizaciones médico científicas, académicas y gremiales, a permanecer alertas y férreamente unidas en defensa de la salud de la población, la exigencia de las reformas en el sector, el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, así como la defensa del prestigio y el honor de la orden médica.

Miraftores, 26 de marzo del 2008

Dr. Julio Castro Gómez
Decano Nacional CMP

Dr. Raúl Azpur Azpur
Secretario del Interior CMP

Dr. Luis López Carranza
Consejo Regional I – Trujillo

Dr. Carlos de la Puente Olórtegui
Consejo Regional II – Iquitos

Dr. Rafael Deustua Zegarra
Consejo Regional III _ Lima

Dr. Manuel Adrián Acosta
Consejo Regional IV – Huancayo

Dr. Enrique Jaramillo Saavedra
Consejo Regional V – Arequipa

Dr. Lucio Velásquez Cuentas
Consejo Regional VI – Cuzco

Dr. Enrique Gonzáles palacios
Consejo Regional VII – Piura

Dr. Francisco Belloso Horna
Consejo regional VIII – Chiclayo

Dr. Andrés Bendezú Martínez
Consejo Regional IX – Ica

Dr. José Gutarra Vara
Consejo Regional X – Huanuco

Dr. Douglas López de Guimaraes
Consejo Regional XI – Huaraz

Dr. Armando Jáuregui Maita
Consejo Regional XII – Tacna

Dr. Celso Julia Oyarzabal
Consejo regional XIII – Pucallpa

Dr. Vidal Quispe Zapana
Consejo Regional XIV – Puno

Dr. Rosa Glove Nakazawa
Consejo Regional XV – San Martin

Dr. José Sulca Baez
Consejo Regional XVI – Ayacucho

Dr. Julio Rodríguez Vigo
Consejo Regional XVII – Cajamarca

Dr. Francisco Quispe Leiva
Consejo Regional XVIII – Callao

Dr. Ramón de la Cruz Castillo
Consejo Regional XIX – Chimbote

Dr. Marco Guerrero Correa
Consejo Regional XX – Pasco

Dra. Mirtha Huertas Fuentes
Consejo Regional XXI – Moquegua

Dr. Elio Vidal Robles
Consejo Regional XXII – Abancay

Dr. Jorge Jara Siapo
Consejo Regional XXIII – Tumbes

Dr. Gualberto Poma Ramos
Consejo regional XXIV – Huancavelica

Dr. Marcos Garavito Castillo
Consejo Regional XXV – Amazonas

Dr. Jacinto Cayetano Ticona
Consejo Regional XXVI – Madre de Dios

Dr. Williams Gaviria Chávez
Consejo Regional XXVII – Lima - Provincias

RECHAZO A LA APROBACION DEL SOAT MEDICO

FMP RECHAZA APROBACIÓN DEL SOAT MÉDICO

1. NO al SOAT Medico encubierto.
2. Proyecto beneficiará deü todas maneras a aseguradoras privadas y constituye un abuso contra los pacientes y el personal de salud ante sus reclamos La FMP , iniciará las accionesü necesarias a fin de no permitir la aprobación de normas abusivas contra los profesionales de la salud y de burla a los pacientes de salud.

FMP 24 de Marzo.- La Federación Medica Peruana manifiesta su rotundo rechazo a la aprobación autoritaria, (Proyecto de Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y Proyecto de ley que establece el Fondo de riesgo en los Servicios de Salud), por los congresistas de las Republica representantes de la comisión de Salud que en escasa mayoría (5 votos a favor de un total de 14 miembros plenos y 6 accesitarios, los cuales pretenderían pasar al pleno.Con el so pretexto de informar a la población de los derechos y obligaciones de las personas usuarias a los servicios de salud, se intenta implementar una modalidad de Seguro Obligatorio a todos los profesionales de la salud, vulnerando sus derechos fundamentales y responsabilizándolos de las consecuencias y de los eventos adversos que ocurriese en cualquier establecimiento del sector, eximiendo de dicha responsabilidad al Estado que como todos saben mantienen en deplorable condiciones a mas de 7,000 instituciones prestadoras de salud.La aprobación de estos proyectos de ley se convierten en una afrenta a los profesionales de dicho sector; que diariamente sufren las carencias y deficiencias de los centros laborales donde ejercen su profesión, con infraestructuras colapsadas, sin medicamentos y sin una logística necesaria para su mejor desempeño.

SITUACION DE SALUD Y RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
El estado se olvida de la responsabilidad social con los conciudadanos, brindando un exiguo presupuesto, siendo este, en promedio de 4.1 % del PBI, comparable solo con países del África Sub-sahariana, Haití, Bolivia, Ecuador entre otros, lo cual no permite el adecuado repotencionamiento de los establecimientos de salud.
Las medidas preventivas que pudieran evitar los incidentes del acto médico con lamentables consecuencias en los pacientes, radican específicamente en el descuido que ha sido objeto el sector salud. El escaso presupuesto que brinda el Estado no garantiza las adecuadas condiciones laborales, los material quirúrgico, los equipos médico in-operativos y obsoletos, la escasa dotación de medicamentos; evidencia de alguna manera la necesidad de crear un Sistema Único de Salud.Una de las principales causas y evidencias que se presenta ante la ciudadanía es la forma en que se desempeñan los galenos en los diferentes nosocomios de Lima y del Perú en general, la mayoría de las instituciones de Salud son una bomba de tiempo que en cualquier momento colapsaría, por que ninguna de ellas cuentan con la infraestructura o con el equipamiento necesario que toda institución de salud requiere; el solo hecho de darle una mirada a dichos establecimiento da cuenta la situación en la que se labora.

Si observamos a los hospitales de mayor afluencia en Lima y Callao como son, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, con 458 Años, Hospital Nacional Dos De Mayo con 469 Años, Hospital San Bartolomé, 359 Años, Instituto Materno Perinatal con 181 Años, Instituto De Salud Del Niño con 78 Años, Hospital Daniel A. Carrión, con 65 Años, Hospital Hipólito Unanue, con 64 Años, y ni que hablar de los hospitales del interior del país que han sido declarados patrimonios de la humanidad por la antigüedad de sus estructuras veremos en que condiciones estamos. Todo ello debe ser encarado con principal interés por parte del Estado y sus funcionarios, no tratando de implementar medidas demagógicas como el Seguro Medico Obligatorio, en el absurdo afán de desprestigiar a los profesionales de la salud se debería iniciar un dialogo productivo que permita formular las mejores propuestas para la salud en nuestro país, según lo confiere el Art. 7° de la Ley General de Salud.

MÁS MEDIDAS POPULISTAS Y BURLAS A NUESTROS PACIENTES
Asimismo, la FMP siente un profundo malestar por las falsas expectativas que crearían en los pacientes, al manifestar que serán resarcidos inmediatamente; luego de haber sido victimas de una supuesta "mala praxis", lo cual es totalmente falso; por cuanto, de dicho fondo solo se brindará una ayuda solidaria que no tendrá carácter indemnizatorio, pudiendo como ya esta establecido, recurrir a la vía judicial para determinar si hubo o no delito. No precisa quien determinará los montos de dicha ayuda; mostrando asimismo, una total irresponsabilidad al manifestar que el mismo estará solventado con Fondos del Estado acorde con el numero de profesionales, no profesionales u otros trabajadores, según la especialidad y la categorización de los centros laborales. Estos fondo provendría, de donaciones y otras contribuciones no reembolsables de los gobiernos, organismos internacionales, fundaciones de la Cooperación Técnica Internacional y otros créditos que reciba del Tesoro Publico, ingresos financieros que genere el Fondo por la Administración de sus propios recursos, aportes voluntarios de los Colegios Profesionales de Salud y finalmente por el 30% de los ingresos por la venta de formatos de certificados médicos, sin definir los montos que destinarán cada uno de los aportantes; peor aún literalmente confiscando dinero de la venta de certificados médicos y contando con aportes de los Colegios Profesionales que por ley son autónomos y cuyos fondos tienen propósitos específicos según lo disponen las normas que rigen internamente a dichos Colegios.
Debemos remarcar que al ser la Superintendencia de Bancas y Seguros del Perú la encargada de supervisar dichos fondos, estaríamos necesariamente ante la inminente creación de aseguradoras de salud, que no podrán ser supervisadas ni auditadas debidamente, tal como ocurre en otras experiencias.

INTERROGANTES QUE HASTA AHORA EL GOBIERNO NO RESPONDE
1. ¿Quien supervisará que dichos fondos no sean utilizados en otros conceptos, como por ejemplo en campañas políticas?
2. ¿Qué fue por ejemplo del FISSAL, ¿cuanto dinero recibe de fondos extranjeros?¿A quien rinde cuentas?
3. ¿Si luego de haber desembolsado un monto determinado, el Poder Judicial exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, tendremos que iniciar igualmente una demanda contra nuestros pacientes?,
4. ¿Quien sanciona al primer negligente sanitario: El Estado Peruano y sus funcionarios? ¿El Estado dispone y brinda el presupuesto, para la capacitación de los recursos humanos, infraestructura, equipamiento, como lo determina la ley para evitar las situaciones adversas en el acto medico?
5. ¿Cuanto presupuesto del Estado será otorgado para dicho fondo y cuanto será para el repotenciamiento de los servicios de salud? ¿Si vemos que el Estado adeuda a las instituciones de salud por diversos rubros, (Seguro Integral de Salud, entre otros), desfinanciando a las mismas se ven obligados a utilizar otras modalidades presupuestarias (RDR -dinero del paciente), ¿quien será el mas perjudicado, si el gobierno no cumple con sus propias instituciones de salud?
6. ¿Supuesto se aprobaría este mal denominado "SOAT Médico" que o quien garantizaría el inmediato cobro de indemnizaciones y el monto de los mismos?
7. ¿Cómo se evitaría el proceso de engorrosos y prolongados trámites legales en los que se verá inmerso el paciente, para comprobar si fue victima de una negligencia?
8. ¿Quién o quienes serian los encargados de opinar técnicamente para demostrar la existencia o ausencia del daño?
9. ¿Quién o quienes en última instancia decidirían el tipo de sanción y la procedencia o no de las indemnizaciones?
10. ¿Cuántos abogados, personal administrativo y demás, tendrán que contratar las instituciones del estado para defender las demandas que inicien los pacientes y cuanto irrogaría al fisco nacional?
11. ¿Los miembros del Comité podrán fehacientemente demostrar las causas que determinaron dicha "mala praxis" o serán necesariamente peritos especialistas en el tema?
12. ¿En 48 horas se podrá determinar la responsabilidad o no de lo imputado?
13. ¿Y que paso con el debido proceso, legalidad, legitima defensa, presunción de inocencia, que la Constitución y las leyes amparan?

La implementación de esta clase de seguros solo ocasionaría:
1. Un vertiginoso aumento de demandas judiciales.
2. Un aumento de precios de las pólizas de seguros, por especialidad, por grado de riesgo del profesional de la salud y por región.
3. Una ostensible exageración en brindar calidad de atención, por cuanto los profesionales y no profesionales de la salud tendrían que garantizar la atención de salud con análisis y diagnósticos adicionales para no estar propenso a esta clase de demandas y los costos que así se generan serán pagados por los propios pacientes

La respuestas son evidentes, se propiciaría la medicina defensiva donde el profesional de la salud, no solo definiría la causa en el deterioro de la salud del paciente mediante el examen clínico y al acto medico, sino que además, tendría que solicitar una serie de análisis y exámenes auxiliares para no ser pasibles de denuncias y los costos de los mismos serán asumidos únicamente por los bolsillos del poblador usuario de dichos servicios, deteriorando la relación médico – paciente que es la piedra angular de la práctica médica.
UNA MÁS DEL GOBIERNO ACTUAL
La pertinaz obsesión del Ejecutivo en implementar esta clase de seguro obligatorio, que sería el único país de Latinoamérica en implementarlo, vulnera una serie de derechos constitucionales e Internacionales, como el debido proceso, legalidad, la legitima defensa, entre otros, así como las leyes que norman el accionar de los profesionales de la salud.
Cabe mencionar que existen instituciones constitucionales creadas para tales fines, como son la Defensoria del Pueblo, INDECOPI, la Defensoria de la Salud del MINSA, los cuales tienen la facultad constitucional y normativa para realizar las debidas denuncias e investigaciones en los establecimientos de salud sin restricción alguna ante quejas presentadas, supervisando estrictamente el cumplimiento de los deberes de la administración y prestación de los servicios públicos. La FMP denuncia por ello, con absoluta convicción que los dictámenes aprobados en la Comisión de Salud del Congreso de la Republica , ahora apoyados por el Ejecutivo, carecen de todo argumento legal y revela la falta de conocimientos sobre temas de salud tratando solamente de enmascarar la caótica situación en la que esta sumida el sector. Dichos dictámenes están visiblemente en contra de la población usuaria de los servicios de salud, beneficiando de esta manera a las grandes aseguradoras que verían con sumo interés esta clase de seguros; mientras que los problemas reales de salud siguen incrementándose, ocasionando entre otros, la inaccesibilidad de mas del 25% de la población de extrema pobreza y de pobreza a los servicios del sector.En consecuencia, la FMP y las instituciones ligadas a la salud manifiestan su total rechazo a esta nueva pretensión del gobierno actual de pretender implementar el Seguro Medico Obligatorio, hoy llamado Fondo de Riesgo en los Servicios de Salud.
De esta manera invocamos al representantes del Estado y autoridades del sector a dedicar todo tipo de esfuerzos a la construcción del Sistema Nacional Único de Salud, que garantice la protección integral de los pacientes y el acceso gratuito a los servicios de salud, así como el resarcimiento de eventos adversos y si este fuera demostrado como un acto de "mala praxis", deberá ser sancionado debidamente ante el órgano jurisdiccional y constitucional encargado de impartir justicia.
PARA MAYOR INFORMACION:
Dr. Julio Vargas La FuentePresidente FMPCel. 9905-3566Telef. 265-2890470-5036Flora Isabel Haro Wilson9358-91659687728289945586

CRISIS EN EL SECTOR SALUD y ACTITUDES DEL MINISTRO GARRIDO LECCA

FEDERACION MÉDICA PERUANA

Leyes agresivas y actos intimidatorios del Gobierno actual solo intentan vanamente desprestigiar a los profesionales de la salud ACTITUDES QUE DENOTAN DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL MINISTRO DE SALUD SOLO TRATAN DE ENCUBRIR LA CRISIS EN LA QUE ESTA EL SECTOR
Resolución Ministerial que aprueba escala de multas y sanciones a losprofesionales de salud es una mas de las medidas populistas del gobierno actual que intenta sancionar a los médicos olvidando los álgidos problemas en el sector
Ley General de Salud, DS 019-2001-SA y otras normas que regulan la venta de medicamentos, ya estipulaban y sancionaban la entrega de recetas sin consignar los nombres genéricos.
FMP.- Ante la publicación de la R.M. N °192-2008/MINSA, que aprueba escala de multas y sanciones para profesionales médicos cirujanos, dentistas y obstetrices que no prescriban medicamentos genéricos, la Federación Medica Peruana, a través de su presidente, Dr. Julio Vargas La Fuente , lamentó la promulgación de esta norma, lo cual evidencia que el gobierno actual sigue emitiendo normas populistas y sancionatorias contra los profesionales de la salud, tratando vanamente de responsabilizar a los profesionales de la salud de la grave crisis del sector.
Al respecto el Presidente de la Federación Medica Peruana, Dr. Julio Vargas La Fuente , manifestó además que ya existen una serie de normas que sancionan a los profesionales de la salud con multas y procesos administrativas dependiendo del caso y que las autoridades competentes nunca cumplieron con la vigilancia permanente faltando ellos mismos a las normas previstas, por lo cual resulta innecesario que se promulgue otra norma que abunde sobre el tema.
Es preciso señalar que si bien la norma estipula que los profesionales de la salud deberán consignar además del nombre de marca, la denominación común internacional (DCI), esto en la mayoría de veces resulta inútil y en la practica no es aplicable ya que las boticas y farmacias a nivel nacional cambian la receta prescrita, promocionando productos farmacéuticos que ellos tienen en su stock y que no son controlados por ninguna institución del Estado. Asimismo, si bien algunos profesionales de la salud prescriben medicamentos de marca son a solicitud de los propios pacientes que no tienen la confianza en los productos genéricos que se expenden.
Igualmente, remarcó que la visión tubular del gobierno actual no le permite evidenciar la problemática de los medicamentos en el país; puesto que es necesario impulsar la industria farmacéutica nacional, controlar adecuadamente al dispensador (farmacia y/o botica) que no tiene vigilancia continua, fomentar una profusa información a la población, dotar permanentemente de un stock suficiente a los establecimientos de salud, entre otros. El gobierno debe preocuparse de esta situación y declarar de interés nacional el acceso a dichos medicamentos. La proliferación de boticas y/o farmacias en los centros de salud aledaños o el casi nulo control que brinda el estado para garantizar la calidad y producción de los medicamentos genéricos, permiten el expendio de productos de contrabando o falsificados.
El gobierno actual debería preocuparse también en impulsar la industria farmacéutica en el país, dotando de las facilidades legislativas que facilite la fabricación de la mayor parte de genéricos, así como repotenciar el apoyo entre países que mantengan tratados para la producción en masa de estos; fortaleciendo la fiscalización y control de calidad de dichos productos, ya que como se ha evidenciado en los medios periodísticos el desorden reinante en nuestro país ha propiciado la producción y venta de productos que no garantizan la calidad y eficacia de los mismos, remarcó Vargas.
Por otro lado, dijo que el Ministerio de Salud, debería coordinar con los laboratorios farmacéuticos a fin de que estos expendan medicamentos con rótulos claros que incluyan la Denominación Común Internacional (DCI) de tal modo que nuestros pacientes identifiquen los componentes. El gobierno actual muy lejos de propiciar acciones atentatorias contra los profesionales de la salud, deben iniciar campañas de información a toda la población y efectuar el debido control mediante los organismos que están encargados para ello: el INDECOPI, DIGEMID, MINSA, Comisión de Defensa del Consumir del Congreso de la Republica , entre otros.
UN ACTO NO MEDICO QUE VULNERA DERECHOS
El presidente de la FMP , Dr. Julio Vargas La Fuente , se mostró indignado por la actitud asumida por los funcionarios del MINSA de fotografiarse con un colega medico del Hospital Daniel A. Carrión de Huancayo, a las 1:30 de la mañana, cuando se encontraba descansando, sin mostrar la altura y profesionalismo que en estos casos debería practicarse mas aun si se ostenta el mas alto cargo del sector.
Cabe mencionar que los profesionales de la salud tienen un lugar de reposo en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, que en la mayoría de los casos se encuentra cercano a las salas de emergencia; puesto que el profesional de salud que cumple su labor 12 horas continuas no podría, ni tendría sentido permanecer parado esperando a un paciente, lo que también permite estar al llamado de cualquier imprevisto.
La paciente que recurrió a dicho hospital fue hospitalizada debidamente, tal como consta en la historia clínica, prueba de ello es que no ha levantado cargos en contra, manifestando además que ha sido aliviada de su mal, por lo cual queda descartado que haya existido algún tipo de negligencia del mencionado colega.
Esta actitud asumida solo trata vanamente de estigmatizar a los profesionales de la salud, culpándolos de la grave situación y las condiciones de los servicios de salud en nuestro país, por lo cual merecen nuestro total rechazo.
Vargas reiteró al Ministro de Salud que no trate de desviar su responsabilidad y que toda la energía y la disposición que tiene, la utilice para iniciar la construcción del Sistema Nacional Único de Salud que beneficiaría a toda la población usuaria de los servicios, que inicie las gestiones para el incremento de un presupuesto adecuado que permita repotenciar los miles de establecimientos de salud en nuestro país que carecen de tantos requerimientos.Así mismo el Presidente de la Federación Medica de de la Región Junín Dionisio Poma Poma manifestó que "No hay nada raro que un medico que acaba de atender a sus pacientes y no haya emergencias se encuentre descansando", aseveró que todo medico tiene derecho a descansar "No hay ninguna ley que señale que lo prohíba y que el Ministro debería aprender modales mínimos, y preocuparse por todos los centros de salud del interior de Huancayo que están en pésimas condiciones y que requieren de mayor interés".

PARA MAYOR INFORMACION:
Dr. JULIO VARGAS LA FUENTEPresidente FMPCel. 9905-3566Telef. 265-2890470-5036Flora Haro9358-91659687728289945586