Compañeros y amigos:
El país se encuentra atravesando una crisis seria en el campo de la salud, como consecuencia del abandono en el que se encuentran los establecimientos del sector, por la inoperancia y la no puesta en práctica de la propuesta política del Plan de Gobierno, por parte de quienes se encuentran administrando el sector.
El sector salud, cuyo Ministro, tiene la obligación política de ejercer el rol rector del estado, permite que persista el fraccionamiento en varios subsectores: MINSA, ESSALUD, SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES, FUERZAS ARMADAS y el SECTOR PRIVADO, a los que se le ha sumado los mal llamados hospitales de la solidaridad, cada uno actuando individualmente , sin coordinación entre ellos que permita enfrentar la crisis y aplicar políticas de mejoramiento muy necesarias y que se han esbozado y planteado en acuerdos políticos partidarios.
Las adquisiciones compartidas, así como el shock de inversiones, por las trabas burocráticas observadas no permiten que los establecimientos públicos den inicio a su modernización en la medida esperada, debido por un lado a la ineficiencia en el manejo administrativo, así como a la incapacidad de funcionarios enquistados en puestos burocráticos desde los gobiernos anteriores, y que sumado a los altos niveles de corrupción que son denunciados pero no son investigados con la rapidez que se requiere y con la aplicación de sanciones ejemplares , hacen inmanejable los servicios de salud.
La modernidad no llega a ellos por carencia de planificación que sumado a los presupuestos exiguos hace que nuestro país, ocupe uno de los últimos lugares en el campo de la salud en Latinoamérica.
Para nadie es un secreto que las condiciones laborales de los trabajadores de salud no son las más óptimas, se carece de infraestructura, de equipamiento moderno y renovable periódicamente, así como recursos humanos en número insuficiente.
Por otro lado la explotación de trabajadores profesionales y no profesionales, incluidos los médicos, manteniéndolos en situación de contratados como servicios no personales en el ministerio de salud; y en ESSALUD con contrato a plazo indeterminado a pesar de que existe una ley que duerme casi dos años (diciembre 2005) así mismo en las fuerzas armadas y fuerzas policiales salarios que no corresponde al nivel profesional, y un sector privado, que en la mayoría de los casos significa sueldos bajísimos con explotación usurera de la capacidad profesional , aprovechándose de la falta de puestos de trabajo, a lo que se suma la explotación laboral que se da en los mal llamados hospitales de la solidaridad y que amparados en el poder político del Alcalde de Lima , no son evaluados para constatar las condiciones en las que allí se trabaja.
Para completar los problemas que enfrentamos los trabajadores del sector, en especial los médicos, en nuestro trabajo diario, en el que no se respetan los derechos laborales y se nos expone a grandes riesgos de trabajo en salud, en el que los establecimientos tanto públicos como privados requieren urgentemente ser repotenciados, se pretende resucitar en los actuales momentos el mal llamado SOAT MEDICO, a través de tres proyectos de ley, uno del congresista Lescano, otro de la comisión de fiscalización del congreso y un tercero del presidente Alan García proyecto de ley que crea el seguro obligatorio de responsabilidad civil por servicios de salud , en el que se intenta, nuevamente reavivar un proyecto ley que hace casi dos años se rechazo rotundamente en el Congreso de la República “el proyecto Amprimo”, ya que legislar sobre un tema que el Poder Judicial debe definir, si hay o no responsabilidad y sobre las secuelas que producto del mismo quedase a quien le correspondería la culpabilidad?
¿Que pasaría de aplicarse dicho seguro? pues como cascada, se presentarían una gran serie de demandas, muchas de ellas probablemente con un afán lucrativo, y los dineros asignados por el régimen en esta su primera etapa, probablemente, no alcanzaría para sufragar los pagos, pero esto no es factible, porque en un estado de derecho, toda demanda tendría que ser comprobada, y esto necesariamente pasa por un proceso judicial. Es allí en donde las aseguradoras buscarían la forma de evadir sus pagos. Y así como en el SOAT de transporte, en el que cubren solo hasta un monto, en este caso tendrían, como se da en cualquier seguro, primero que verificar si hubo o no impericia, dolo, negligencia, etc., a quien corresponde la autoría del daño y que monto se pagaría y por que tiempo se indemnizaría al agraviado, es muy probable que las aseguradoras, no asuma ningún pago y como se da en el SOAT de transportes, tengan ingentes ingresos y que este proyecto de ley a la larga las salga beneficiando .
Pero a nosotros, los médicos en especial, el daño ocasionado por esta ola de demandas con el pretexto de mala praxis, en la búsqueda de un resarcimiento por parte de la población, equivocados o no, generara que la relación medico - paciente quedase resquebrajada, por un lado, y por otro el gobierno generaría una crisis al verse imposibilitado de cumplir con lo ofrecido y en la práctica serían únicamente las aseguradoras las grandes beneficiarias con este proyecto.
Ya hace dos años la Célula Parlamentaria Aprista defendió ardorosamente en el pleno del congreso, el rechazo a la llamada ley amprimo y en esta oportunidad no tienen ni deben ponerse a favor de proyectos que en lo sustantivo, solo beneficiarían a dichas compañías aseguradoras.
Frente a dichos proyectos, ANDEMA plantea, ratificándose en propuestas anteriormente expuestas en la necesidad de crear por ley un FONDO DE APOYO A LA RECUPERACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE CONVALECIENTE DE UNA SUPUESTA NEGLIGENCIA MÉDICA, como podemos darnos cuenta en ningún proyecto presentado al parlamento, se defiende al paciente en la recuperación de su enfermedad, teniendo él y/o su familia que asumir el costo económico del tratamiento. Es aquí en donde el gobierno debe legislar demostrando su compromiso para con la sociedad, así como la responsabilidad asumida por nosotros los médicos en nuestra labor cotidiana a lo largo de los años, la que tampoco es de 4 horas sino de 6 como lo estipula la Ley de Trabajo Médico (DL. 559) promulgada por el Presidente Alan García Perez en su primer gobierno, asimismo ANDEMA, eleva su más enérgica protesta por el SPOT televisivo que a nombre del Partido Aprista Peruano, agravia a nuestra profesión.
El financiamiento para la propuesta de ANDEMA seria dado por lo que el gobierno otorgaría como parte de este fondo social, por un porcentaje de las cuotas que el Colegio Médico cobra a los miembros de la órden y una tercera parte del costo de los certificados médicos que serían por obligatoriedad, el único documento legal para cualquier tramite en salud, dichos fondos serían administrados por una comisión AD HOC que podría estar presidida por la Defensoría del Pueblo e integrada por representantes del Ministro de Salud y del Colegio Médico del Perú, de esta manera se estaría amparando a los pacientes que quedan indefensos frente a los problemas que en salud se suscitan, frente a la problemática que el sector presenta , avanzando en ese largo camino de brindar atención en salud a todos los peruanos sin distingo alguno y retomando uno de los planteamientos de nuestro maestro y jefe VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, que es la de dar seguridad social en salud para todos y de esta manera alcanzar la justicia social tan anhelada por él.
Fraternalmente
c. VICTOR LOZA BECERRA Secretario General
El país se encuentra atravesando una crisis seria en el campo de la salud, como consecuencia del abandono en el que se encuentran los establecimientos del sector, por la inoperancia y la no puesta en práctica de la propuesta política del Plan de Gobierno, por parte de quienes se encuentran administrando el sector.
El sector salud, cuyo Ministro, tiene la obligación política de ejercer el rol rector del estado, permite que persista el fraccionamiento en varios subsectores: MINSA, ESSALUD, SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES, FUERZAS ARMADAS y el SECTOR PRIVADO, a los que se le ha sumado los mal llamados hospitales de la solidaridad, cada uno actuando individualmente , sin coordinación entre ellos que permita enfrentar la crisis y aplicar políticas de mejoramiento muy necesarias y que se han esbozado y planteado en acuerdos políticos partidarios.
Las adquisiciones compartidas, así como el shock de inversiones, por las trabas burocráticas observadas no permiten que los establecimientos públicos den inicio a su modernización en la medida esperada, debido por un lado a la ineficiencia en el manejo administrativo, así como a la incapacidad de funcionarios enquistados en puestos burocráticos desde los gobiernos anteriores, y que sumado a los altos niveles de corrupción que son denunciados pero no son investigados con la rapidez que se requiere y con la aplicación de sanciones ejemplares , hacen inmanejable los servicios de salud.
La modernidad no llega a ellos por carencia de planificación que sumado a los presupuestos exiguos hace que nuestro país, ocupe uno de los últimos lugares en el campo de la salud en Latinoamérica.
Para nadie es un secreto que las condiciones laborales de los trabajadores de salud no son las más óptimas, se carece de infraestructura, de equipamiento moderno y renovable periódicamente, así como recursos humanos en número insuficiente.
Por otro lado la explotación de trabajadores profesionales y no profesionales, incluidos los médicos, manteniéndolos en situación de contratados como servicios no personales en el ministerio de salud; y en ESSALUD con contrato a plazo indeterminado a pesar de que existe una ley que duerme casi dos años (diciembre 2005) así mismo en las fuerzas armadas y fuerzas policiales salarios que no corresponde al nivel profesional, y un sector privado, que en la mayoría de los casos significa sueldos bajísimos con explotación usurera de la capacidad profesional , aprovechándose de la falta de puestos de trabajo, a lo que se suma la explotación laboral que se da en los mal llamados hospitales de la solidaridad y que amparados en el poder político del Alcalde de Lima , no son evaluados para constatar las condiciones en las que allí se trabaja.
Para completar los problemas que enfrentamos los trabajadores del sector, en especial los médicos, en nuestro trabajo diario, en el que no se respetan los derechos laborales y se nos expone a grandes riesgos de trabajo en salud, en el que los establecimientos tanto públicos como privados requieren urgentemente ser repotenciados, se pretende resucitar en los actuales momentos el mal llamado SOAT MEDICO, a través de tres proyectos de ley, uno del congresista Lescano, otro de la comisión de fiscalización del congreso y un tercero del presidente Alan García proyecto de ley que crea el seguro obligatorio de responsabilidad civil por servicios de salud , en el que se intenta, nuevamente reavivar un proyecto ley que hace casi dos años se rechazo rotundamente en el Congreso de la República “el proyecto Amprimo”, ya que legislar sobre un tema que el Poder Judicial debe definir, si hay o no responsabilidad y sobre las secuelas que producto del mismo quedase a quien le correspondería la culpabilidad?
¿Que pasaría de aplicarse dicho seguro? pues como cascada, se presentarían una gran serie de demandas, muchas de ellas probablemente con un afán lucrativo, y los dineros asignados por el régimen en esta su primera etapa, probablemente, no alcanzaría para sufragar los pagos, pero esto no es factible, porque en un estado de derecho, toda demanda tendría que ser comprobada, y esto necesariamente pasa por un proceso judicial. Es allí en donde las aseguradoras buscarían la forma de evadir sus pagos. Y así como en el SOAT de transporte, en el que cubren solo hasta un monto, en este caso tendrían, como se da en cualquier seguro, primero que verificar si hubo o no impericia, dolo, negligencia, etc., a quien corresponde la autoría del daño y que monto se pagaría y por que tiempo se indemnizaría al agraviado, es muy probable que las aseguradoras, no asuma ningún pago y como se da en el SOAT de transportes, tengan ingentes ingresos y que este proyecto de ley a la larga las salga beneficiando .
Pero a nosotros, los médicos en especial, el daño ocasionado por esta ola de demandas con el pretexto de mala praxis, en la búsqueda de un resarcimiento por parte de la población, equivocados o no, generara que la relación medico - paciente quedase resquebrajada, por un lado, y por otro el gobierno generaría una crisis al verse imposibilitado de cumplir con lo ofrecido y en la práctica serían únicamente las aseguradoras las grandes beneficiarias con este proyecto.
Ya hace dos años la Célula Parlamentaria Aprista defendió ardorosamente en el pleno del congreso, el rechazo a la llamada ley amprimo y en esta oportunidad no tienen ni deben ponerse a favor de proyectos que en lo sustantivo, solo beneficiarían a dichas compañías aseguradoras.
Frente a dichos proyectos, ANDEMA plantea, ratificándose en propuestas anteriormente expuestas en la necesidad de crear por ley un FONDO DE APOYO A LA RECUPERACIÓN MÉDICA DEL PACIENTE CONVALECIENTE DE UNA SUPUESTA NEGLIGENCIA MÉDICA, como podemos darnos cuenta en ningún proyecto presentado al parlamento, se defiende al paciente en la recuperación de su enfermedad, teniendo él y/o su familia que asumir el costo económico del tratamiento. Es aquí en donde el gobierno debe legislar demostrando su compromiso para con la sociedad, así como la responsabilidad asumida por nosotros los médicos en nuestra labor cotidiana a lo largo de los años, la que tampoco es de 4 horas sino de 6 como lo estipula la Ley de Trabajo Médico (DL. 559) promulgada por el Presidente Alan García Perez en su primer gobierno, asimismo ANDEMA, eleva su más enérgica protesta por el SPOT televisivo que a nombre del Partido Aprista Peruano, agravia a nuestra profesión.
El financiamiento para la propuesta de ANDEMA seria dado por lo que el gobierno otorgaría como parte de este fondo social, por un porcentaje de las cuotas que el Colegio Médico cobra a los miembros de la órden y una tercera parte del costo de los certificados médicos que serían por obligatoriedad, el único documento legal para cualquier tramite en salud, dichos fondos serían administrados por una comisión AD HOC que podría estar presidida por la Defensoría del Pueblo e integrada por representantes del Ministro de Salud y del Colegio Médico del Perú, de esta manera se estaría amparando a los pacientes que quedan indefensos frente a los problemas que en salud se suscitan, frente a la problemática que el sector presenta , avanzando en ese largo camino de brindar atención en salud a todos los peruanos sin distingo alguno y retomando uno de los planteamientos de nuestro maestro y jefe VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, que es la de dar seguridad social en salud para todos y de esta manera alcanzar la justicia social tan anhelada por él.
Fraternalmente
c. VICTOR LOZA BECERRA Secretario General
c. JORGE ARTURO PAZ LOPEZ Secretario Organización
Lima 09 de Noviembre del 2007
Lima 09 de Noviembre del 2007
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