lunes, 9 de enero de 2012

CONGA.......El gobierno debe ser un árbitro

Entrevista a Wilfredo Saavedra, dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.

El conflicto sobre el proyecto minero Conga en Cajamarca parece no tener cuando acabar. Uno de los más polémicos actores en esta protesta, Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, nos dice en esta entrevista que el gobierno no debió asumir partido por el proyecto, pero además señala que a los dirigentes sociales les faltó sagacidad política para generar mayor respaldo de la sociedad.

-Muchos políticos y medios consideran que usted no representa a nadie ni ha sido elegido como autoridad, y por tanto, no tiene derecho a sentarse a una mesa de diálogo, ¿a quién representa usted y el Frente de Defensa que encabeza?
-El Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca es una asociación civil sin fines de lucro que tiene una data de 20 años, está inscrito en los registros públicos y tiene estatutos. Es una organización amplia que aglutina sindicatos, entre ellos algunas bases del SUTEP; también Centros Federados estudiantiles de la Universidad Nacional de Cajamarca; sindicatos de trabajadores municipales; dirigentes del mercado; comerciantes; algunos representantes de canales de riego; moradores; la Junta de Vecinos reconocida por la Ley Orgánica de Municipalidades; y también el Comité de las Rondas Urbanas. Son organizaciones fuertes.
-¿Y nos puede decir por qué es inviable el proyecto Conga? ¿Es más una inviabilidad política que técnica?

-Es fundamentalmente política, en el sentido de que Cajamarca tiene el 67 por ciento de su actividad económica centrada en la agricultura y ganadería. Hay necesidad de sacarle provecho a esas áreas en los veintisiete espacios geográficos considerados como pisos ecológicos. Y eso no es impulsado por el gobierno central.

Así mismo, el proyecto no es viable porque afecta una cabecera de cuenca que es muy importante para los cajamarquinos, porque además de abarcar tres provincias directamente: Cajamarca, Celendín y Hualgayoc; tiene incidencia en la provincia de San Marcos, ya que aguas abajo discurre a través del río Cajamarquino, bajando a la represa de Chonta hasta Baños del Inca, Llacanora, Jesús, Namora, Matara, San Marcos, Crisnejas y el río Marañón.

Es el sustento hídrico de todas estas jurisdicciones, porque alimenta con agua las actividades económicas.

-¿Y eso no puede ser remplazado por los reservorios?
-No, porque el sustento para los propios reservorios de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que reemplazarían las lagunas, no tendría la reserva hídrica natural que sí tiene una laguna dentro de su espacio geográfico natural.

-Todo indica que esta lucha por las lagunas que han emprendido no tiene cuando acabar, ¿qué sigue?

-Nosotros hemos rechazado la maniobra política del premier Valdés, de convocar a personas que según él son representantes de la sociedad civil cajamarquina el 27 de diciembre pasado. Pero se ha demostrado que no es así, porque han ido, además del presidente de la Cámara de Comercio, diez empresarios más que ya estaban representados, el obispo, gobernadores, y tres alcaldes que no son de las jurisdicciones del conflicto y por tanto no justificaban adecuadamente una representación.

-¿Son pro Conga?

-Por supuesto. Ellos llegaron a Lima con la consigna de que Conga es viable, y han suscrito un acta en la que se establece la realización de un peritaje internacional para absolver algunas dudas que tienen, según el ministro, los cajamarquinos respecto de la mitigación del proyecto.

Es decir, ver si es o no viable o funcional acabar con seis lagunas, y si éstas podrían tener todavía una suerte de compensación con las represas. Al destruirse la cabecera de cuenca, fuente natural de agua, es normal entender que no hay recursos hídricos disponibles salvo lo que puede llegar por las lluvias a los cuatro reservorios que se pretenden construir.
-¿Pero estas personas que vinieron el 27 de diciembre están en la capacidad política de desmovilizar a la población de Cajamarca?

-Ninguno de ellos. Ciertamente, algunos son autoridades municipales, pero en estos momentos, el alcalde provincial se ha deslegitimado al extremo de que muchos están pidiendo su revocatoria, y eso no le da capacidad de maniobra para justificar adecuadamente una movilización del pueblo. Mucho menos el representante de la Cámara de Comercio, que lamentablemente se ha convertido en el vocero de Yanacocha, cuando debe defender también los intereses de los cajamarquinos, es decir pelear por el agua.

-¿Me quiere decir que el pueblo cajamarquino solo se identifica en el caso de esta movilización con el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca?

-Sí, pero no solo con el nuestro, sino con todos y cada uno de los Frentes de Defensa en las ocho provincias que están involucradas.

-¿Con quién era más fácil dialogar, con Lerner o con Valdés?

-Con Lerner.
-Entonces, ¿por qué cuando el gabinete Lerner declaró suspendido el proyecto Conga, ustedes no celebraron, ni llegaron a un acuerdo en el diálogo del 4 de diciembre?
-Es que se pretendía que firmemos un acta en la que se consignaba el levantamiento del paro, cuando en Cajamarca, por nuestros usos y costumbres, aún cuando nosotros seamos de la ciudad, pero siendo que algunos actores sociales son del campo, teníamos la obligación de consensuar los acuerdos, más aún cuando solo se había llegado a la suspensión del proyecto. Tardíamente, Lerner reconoció que nosotros pudimos haber hecho la consulta en veinticuatro horas, levantado la paralización y resuelto el conflicto para sentarnos nuevamente a la mesa y negociar.

-¿No se ha puesto a pensar que si ustedes firmaban el acta con Lerner, con cargo a dar cuenta a sus bases, a lo mejor no caía el gabinete con el que usted me dice que era más fácil el diálogo?

-No lo creo. Igual no tendríamos ahora el gabinete Lerner, pero si firmábamos sin consultar, los representantes de los frentes de defensa hubiéramos corrido la misma suerte.

-Lo que no entiendo es por qué ustedes no celebraron una victoria, aunque sea parcial, el 29 de noviembre, cuando se anunció en Palacio la suspensión del proyecto Conga…
-Es que nosotros consideramos en principio, que había una falta de respeto a la autoridad del mandatario, porque apareció como que el dueño de casa era Carlos Santa Cruz (representante de Newmont en el Perú). Quien debió anunciar la suspensión del proyecto era el premier Lerner, o en todo caso el presidente. Además, en los hechos no se ha podido concretizar la suspensión más allá de la declaración, y creo que hay necesidad de que eso se entienda. Y de acuerdo a uno de los considerandos del acta del 27 de diciembre, el gobierno va a permitir que la empresa estatal Activos Mineros SAC, se encargue de algunos trabajos.

-¿Y usted se opone a eso?

-Los campesinos van a oponerse a eso, porque no es posible que se haya pactado esto en el Consejo de Ministros, vulnerando la Ordenanza Regional 036 que dispone la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y específicamente donde se asienta el proyecto minero Conga.

Esta ordenanza, aprobada el 5 de diciembre y publicada el 27 de diciembre en El Peruano, al declarar la intangibilidad de esa zona, declara implícitamente la prohibición de cualquier trabajo.

Ese mandato legal, que hasta ahora no ha sido cuestionado ni por el gobierno central ni por Yanacocha, tiene imperio y debe hacerse eficaz, por lo tanto lo que se ha acordado en el acta del 27 de diciembre es inválido.

-Cuando vieron el 4 de diciembre al ejército en la plaza de Cajamarca, ¿no sintieron que debían dejar sin efecto el paro?
- El proceso de militarización de Cajamarca se dio antes del 4, por eso nosotros, con la intención de demostrar que queríamos un diálogo sincero, suspendimos la medida el 30 de noviembre. El paro se suspendió para que en el espacio de 3 ó 4 días, el gobierno no dispusiera que llegaran más Policías ni militares, pero fue todo lo contrario. Se intensificó esa presencia para que fuéramos presionados a la mesa de diálogo.

- El ministro Valdés, ya como premier, llega a Cajamarca el 19 de diciembre, pero se retira raudamente al no conseguir la firma del acta por parte del presidente regional, ¿cómo interpretaron ustedes esto?

-Como un gesto autoritario. El premier pretendió hacernos firmar un acta que ni siquiera había sido revisada por los presentes. Además solo permitió el ingreso del frente de defensa a condición de que no hagamos uso de la palabra. Eso nos sorprendió.

-¿Parece no haber solución a la vista?

El gobierno no debió asumir partido por el proyecto porque se entiende que es el árbitro y debe hacer todo el esfuerzo posible para generar confianza en el EIA de Conga a través del peritaje internacional, que también hemos pedido nosotros. Ha debido admitir nuestros términos de referencia para el peritaje, que pensábamos entregarle al premier el 19 de diciembre, pero no lo pudimos hacer.

-¿Usted está de acuerdo con el peritaje internacional?

Sí, pero con términos de referencia adecuados que tengan que ver con la evaluación completa del EIA. Eso implica revisar también como se ha infringido el propio procedimiento administrativo.

-¿Se refiere al procedimiento de aprobación del EIA?

-Sí, lo que acarrea la nulidad.

-Entiendo que el EIA fue aprobado por un asesor y no por un director como manda la ley...

-Por una asesora legal del despacho viceministerial. Se puede ver en la firma, pero además de eso, el EIA tiene problemas en la determinación de la mitigación del proyecto.

-¿Pero si usted se opone tajantemente al proyecto Conga, para que quiere un peritaje internacional?
Es que hay que demostrarlo, y hay que hacer uso de todos los mecanismos disponibles. Incluso hay elementos técnicos que están contenidos en el informe del exministro Ricardo Giesecke, que dan cuenta que la destrucción de las lagunas es irreversible. Eso infringe diversos dispositivos legales, porque ya no esta permitida ni la destrucción de un bofedal, menos de una laguna que forma parte de un ecosistema frágil, lo que está protegido por la Ley General del Ambiente; el Reglamento de Zonificación Económica y Ecológica; la Ley de Recursos Hídricos, la Ordenanza Municipal 012 de la municipalidad de Celendín que declara intangible la zona, y por la Ordenanza Regional 036, además de otras normas internacionales.

-¿Usted votó por Ollanta?

-No solo eso. Hemos impulsado su campaña en toda la región, nos hemos comprado el pleito por él. Hemos dado lo mejor de nuestro tiempo y la escasa economía de los frentes de defensa, que pusimos a su disposición porque confiábamos que con él, la plataforma de la Coordinadora Interprovincial de los Frentes de Defensa en relación a nuestros ecosistemas, nuestra agua y nuestras cuencas, iba a ser defendida.

-¿Se ha hecho alguna autocrítica sobre su participación en esta protesta social?

-Nos faltó sagacidad política, debimos abrir mucho más el espacio a otros actores sociales para generar una negociación más adecuada. Nos hemos cerrado a observarnos como contrincantes Estado –sociedad cajamarquina, sin otros interlocutores.

Carlos Alonso Bedoya

LEY SOPA

 
El 24 de enero puede marcar un antes y un después en el acceso que hoy tenemos a los contenidos en Internet. Ese día se vota en el Congreso de Estados Unidos la ya famosa Ley SOPA (Stop Online Piracy Act, en su sigla en inglés), que en español se traduce como el Decreto para Detener la Piratería Online.
El acrónimo que identifica este proyecto de ley estadounidense (SOPA) poco tiene que ver con la alimentación, quizás esté más emparentado con una cacería y posterior canibalización del complejo universo de internet, la creatividad que fomenta y la igualdad de posibilidades tal como la conocemos hasta ahora.
SOPA es el proyecto de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos para poder cerrar cualquier sitio web sospechoso de contener material que viole los derechos de autor o propiedad intelectual de su propietario original, y que estén siendo utilizados sin su consentimiento. Esto incluye un vasto universo, englobado casi de forma infantil en la etiqueta “infracción de Copyright”. Tal como dicen algunos de los autores citados en esta nota: “es el fin de los Justin Biebers”, artistas que lograron trascender gracias a un universo web que permite difundir libremente una obra sin restricciones. El accionar de una ley así terminaría con todo tipo de iniciativa relacionada con la creatividad, difusión de contenidos, e incluso tráfico web de los sitios en internet.
Páginas como Wikileaks serían eliminadas ipso facto, si una ley como SOPA se aprobase.
Lo complejo de la situación, así como el interés de los promotores de SOPA para que sea lo más compleja de analizar por el ciudadano común, ha hecho que muchos grupos activistas como Mozilla Electronic Frontier Foundation o la Free Software Foundation comiencen campañas para intentar aclarar el panorama y los alcances de este tipo de iniciativas del Gobierno, la cual posee el aval de los miles de millones de dólares aportados por las compañías y productoras de contenidos que desean proteger sus activos y pretenden convertir a internet en un carrito de compras y consumo con un nivel de control similar al de la televisión.
Estas organizaciones, agrupadas en la American Censorship diseñaron una infografía donde se pueden observar los puntos más polémicos del proyecto y sus implicaciones futuras. También empresas líderes en internet como Google, Facebook, Yahoo, eBay, Twitter, LinkedIn, Mozilla y Zynga se mostraron preocupadas por este proyecto de ley, enviando cartas abiertas manifestando que todo tipo de presión ejercida contra ISPs para controlar la actividad de los usuarios es una clara invasión a la privacidad.
 Una iniciativa en Twitter contra la ley SOPA logró que en una hora llegaran más de 23 mil mails de ciudadanos a los congresistas contra este polémico proyecto, al cual ya tratan de “Muro de Internet”.
Ningún sitio quedará exceptuado de una posible infracción, ya que el texto de la ley indica que los dos principales grupos de candidatos a ser bloqueados por infracción a esta ley serían, por un lado los infractores directos, aquellos sitios que distribuyan contenidos con copyright sin autorización de los propietarios (imágenes, música, videos, textos), quienes faciliten el uso de esos contenidos distribuidos (cracks, seriales, etc.) y quienes provean herramientas que faciliten la descarga de estos contenidos ilegales (megaupload, megavideo, etc.).
 Por otra parte, y acá es donde SOPA se pone más compleja, densa y muy subjetiva respecto al alcance de su accionar, serán bloqueados los proveedores de servicios que no tomen medidas ante una “alta probabilidad” de infracción a los derechos de autor o propiedad intelectual. Casi como decir que uno tiene una alta probabilidad de ser alto si mide 1,65 metros, cuando en realidad no lo es. Con esta “precisa” redacción de la ley, no haría falta de una orden judicial para bloquear un sitio, solo bastará con considerarlo sospechoso.
 El sistema de sanciones es quizás peor que comer sopa fría en la mañana. Cualquier sitio que infringiera alguna de las condiciones será sometido a una serie de avisos para rectificarse y a una asfixia financiera, a través de avisos a sus principales sitios de financiación o que faciliten sus operaciones (Paypal, tarjetas de crédito, entre otros), para que detengan o bloqueen las operaciones realizadas con ese infractor. Un sitio podría ser bloqueado solo por publicar links a otros sitios que infringieran la norma. Redes sociales como Facebook y Twitter serían las más afectadas por esta sección de la ley, ya que incluso un comentario de un usuario que contuviera un link prohibido podría ser causa de bloqueo de todo el sitio.
 Además, se estipula que las compañías web que hacen publicidad o tienen negocios con los infractores deberán dejar de hacerlo, bajo la consigna de que si no desisten pueden también ser bloqueados.
 En síntesis, sin el control adecuado de nuestros contenidos y los contenidos que los lectores incluyan en nuestros sitios, una empresa, startup o sitio web rentable y con años de trabajo podría quedar cerrado en el plazo de cinco días.
La ley actuaría bloqueando los DNS (Sistema de Nombres de Dominio), utilizando un sistema similar al ocupado en China.
 Mientras el Congreso estadounidense trata la Ley SOPA, en el Senado del mismo país se tratará la Protect IP Act, una iniciativa similar relacionada con la prevención de amenazas online y la protección de la propiedad intelectual. Introducida en el Senado por Patrick Leahy, en mayo de 2011, el objetivo de esta segunda ley es el de darle una herramienta para restringir o bloquear el acceso de sitios dedicados a la venta de productos falsificados o los contenidos que violen derechos de autor. Solo será necesario que las autoridades que deseen hacer uso de esta futura ley, argumenten delante de un juez el motivo de la infracción para que se ejecute. (Con información de fayerwayer.com)